La sesión, extraordinaria, fue exigida por el PP
El pleno discutirá si la urbanización de O Xuncaliño se ajusta
o no a la ley
o no a la ley
La Corporación dirimirá si la tramitación fue irregular y si hay responsabilidades políticas.
S. Abad.Betanzos
La Corporación municipal de Betanzos celebrará mañana por la tarde un pleno extraordinario solicitado por el PP para analizar las presuntas irregularidades en la tramitación de los expedientes relativos a las unidades de ejecución 19 y 22, que corresponden -respectivamente- a los proyectos de urbanización de los ámbitos del cementerio y la zona de O Xuncaliño donde el alcalde, el socialista Manuel Lagares, y su hermano Antonio, que también es edil del PSOE, vendieron terrenos de
su propiedad -como adelantó
LA OPINIÓN-, según el PP con el compromiso de no cobrar la venta hasta la concesión de las licencias de edificación, aunque el regidor ha desmentido ese extremo.
El único punto del orden del día de la sesión que se celebrará mañana a las ocho y media de la tarde es "el estudio de toda la tramitación de los expedientes relativos a las unidades de ejecución 22 y 19 en la Concejalía de Urbanismo, su aprobación en el pleno y su situación administrativa hasta ahora" y "el estudio de las responsabilidades políticas que se puedan acarrear por las irregularidades cometidas en la tramitación de dichos expedientes", tal como solicitó el PP de Betanzos.
Los populares anunciaron el 29 de mayo que exigirían un pleno extraordinario para analizar las presuntas irregularidades en la tramitación de los expedientes de las unidades 19 y 22 después de conocer un informe negativo sobre ambos documentos firmado por la arquitecta del Servicio de Urbanismo e Inspección Territorial de la Delegación Provincial de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes (Coptopt) cuya existencia fue negada por la Consellería en un comunicado oficial publicado en la web de la Xunta y cuyo contenido el alcalde dijo desconocer a pesar de que, según la portavoz del PP, María Faraldo, dicho informe tuvo entrada en el Concello a través del Registro Municipal.
Informe `fantasma´
La propia Faraldo presentó públicamente el 24 de mayo pasado el informe negativo de la arquitecta del servicio provincial de la Coptopt sobre las unidades 19 y 22 y los divulgó pocas horas después de que la Xunta negara la existencia de informes desfavorables del estudio de detalle para el desarrollo urbanístico de terrenos que pertenecieron al alcalde de Betanzos, Manuel Lagares, y a su hermano Antonio, por considerar que se trata de una figura de planeamiento "inadecuada" para ordenar urbanísticamente el suelo del ámbito afectado y porque "excede la edificabilidad máxima autorizable en suelo urbano no consolidado".
La Xunta había incluido aquel día en su página web oficial una información donde señalaba que el departamento que dirige la conselleira María José Caride "no emitió ningún informe desfavorable" sobre las unidades de ejecución 19 y 22 de Betanzos "y por lo tanto -mantenía la Xunta- no confirma ningún pelotazo urbanístico por parte del Concello, como asegura el PP brigantino".
Horas después de ver la versión oficial de la Consellería en la web de la Xunta, Faraldo repartía copias del informe firmado por la arquitecta del servicio provincial de la Coptopt donde la técnico reseñaba las irregularidades por las que había informado "desfavorablemente" el plan de O Xuncaliño.
Faraldo incidió en que "la cuestión no es si los estudios se ajustan al Plan Xeral de Betanzos sino si se ajustan a la ley del suelo" e insistió en que la fórmula para la tramitación del desarrollo urbanístico del ámbito señalado "es un Plan Especial de Reforma Interior y no un estudio de detalle". Para la portavoz del PP, la presunta irregularidad denunciada es "si cabe aún más grave por la implicación directa y personal del alcalde de Betanzos y su hermano edil" ya que, según Faraldo, ambos participaron en la votación del pleno del 27 de diciembre de 2005 en el que se aprobaron la UE-19 y la UE-22 a pesar de que el grupo popular pidió la abstención del alcalde, que alegó tener un informe jurídico que avalaría la legalidad de su voto. "Ambos tenían intereses por ser terrenos de su propiedad y porque se condicionó el cobro de los mismos a la obtención de las licencias", reiteró entonces la portavoz del PP, que ha presentado un recurso contencioso-administrativo para exigir la anulación de las licencias.Lagares compareció el 26 de mayo para defender la legalidad de todo el proceso y es previsible que mañana vuelva a hacerlo en el pleno.
La Opinión de A Coruña,19 de junio de 2006
su propiedad -como adelantó
LA OPINIÓN-, según el PP con el compromiso de no cobrar la venta hasta la concesión de las licencias de edificación, aunque el regidor ha desmentido ese extremo.
El único punto del orden del día de la sesión que se celebrará mañana a las ocho y media de la tarde es "el estudio de toda la tramitación de los expedientes relativos a las unidades de ejecución 22 y 19 en la Concejalía de Urbanismo, su aprobación en el pleno y su situación administrativa hasta ahora" y "el estudio de las responsabilidades políticas que se puedan acarrear por las irregularidades cometidas en la tramitación de dichos expedientes", tal como solicitó el PP de Betanzos.
Los populares anunciaron el 29 de mayo que exigirían un pleno extraordinario para analizar las presuntas irregularidades en la tramitación de los expedientes de las unidades 19 y 22 después de conocer un informe negativo sobre ambos documentos firmado por la arquitecta del Servicio de Urbanismo e Inspección Territorial de la Delegación Provincial de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes (Coptopt) cuya existencia fue negada por la Consellería en un comunicado oficial publicado en la web de la Xunta y cuyo contenido el alcalde dijo desconocer a pesar de que, según la portavoz del PP, María Faraldo, dicho informe tuvo entrada en el Concello a través del Registro Municipal.
Informe `fantasma´
La propia Faraldo presentó públicamente el 24 de mayo pasado el informe negativo de la arquitecta del servicio provincial de la Coptopt sobre las unidades 19 y 22 y los divulgó pocas horas después de que la Xunta negara la existencia de informes desfavorables del estudio de detalle para el desarrollo urbanístico de terrenos que pertenecieron al alcalde de Betanzos, Manuel Lagares, y a su hermano Antonio, por considerar que se trata de una figura de planeamiento "inadecuada" para ordenar urbanísticamente el suelo del ámbito afectado y porque "excede la edificabilidad máxima autorizable en suelo urbano no consolidado".
La Xunta había incluido aquel día en su página web oficial una información donde señalaba que el departamento que dirige la conselleira María José Caride "no emitió ningún informe desfavorable" sobre las unidades de ejecución 19 y 22 de Betanzos "y por lo tanto -mantenía la Xunta- no confirma ningún pelotazo urbanístico por parte del Concello, como asegura el PP brigantino".
Horas después de ver la versión oficial de la Consellería en la web de la Xunta, Faraldo repartía copias del informe firmado por la arquitecta del servicio provincial de la Coptopt donde la técnico reseñaba las irregularidades por las que había informado "desfavorablemente" el plan de O Xuncaliño.
Faraldo incidió en que "la cuestión no es si los estudios se ajustan al Plan Xeral de Betanzos sino si se ajustan a la ley del suelo" e insistió en que la fórmula para la tramitación del desarrollo urbanístico del ámbito señalado "es un Plan Especial de Reforma Interior y no un estudio de detalle". Para la portavoz del PP, la presunta irregularidad denunciada es "si cabe aún más grave por la implicación directa y personal del alcalde de Betanzos y su hermano edil" ya que, según Faraldo, ambos participaron en la votación del pleno del 27 de diciembre de 2005 en el que se aprobaron la UE-19 y la UE-22 a pesar de que el grupo popular pidió la abstención del alcalde, que alegó tener un informe jurídico que avalaría la legalidad de su voto. "Ambos tenían intereses por ser terrenos de su propiedad y porque se condicionó el cobro de los mismos a la obtención de las licencias", reiteró entonces la portavoz del PP, que ha presentado un recurso contencioso-administrativo para exigir la anulación de las licencias.Lagares compareció el 26 de mayo para defender la legalidad de todo el proceso y es previsible que mañana vuelva a hacerlo en el pleno.
La Opinión de A Coruña,19 de junio de 2006
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