Una declaración histórica: es la primera vez que un Gobierno español se compromete pública y oficialmente a respetar la decisión de los ciudadanos vascos sobre su futuro, reconociendo además que el acuerdo político compete a los partidos y agentes vascos a través del método que éstos decidan y que será trasladado luego a los distintos ámbitos institucionales.
No quedan ya excusas para que todos los agentes de Euskal Herria lancen el debate democrático para alcanzar un acuerdo que Madrid y París deberán respetar.
Es obvio que el proceso comenzó hace meses, porque declaraciones de tanto calado y alcance como la del alto el fuego permanente de ETA y la del Gobierno español no surgen de la nada.
Ayer, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, optó por una sala anexa al hemiciclo del Congreso de los Diputados para anunciar el inicio del diálogo con ETA. El esperado pronunciamiento no se quedó en un mero enunciado de la intención del Gobierno de abrir negociaciones con la organización armada, sino que Zapatero hizo públicos sus compromisos con el proceso político, concretados fundamentalmente en la aceptación de que corresponde a los partidos y agentes vascos fijar los métodos de diálogo y adoptar un acuerdo justo y democrático que encamine un proceso resolutivo, y en el respeto a las decisiones que adopten los ciudadanos vascos. Esa es la tarea que tienen ante sí todos los agentes vascos y el conjunto de los ciudadanos de Euskal Herria. Si alguien pretendía esgrimir todavía clichés y excusas manidas, cayeron el 22 de marzo con el anuncio de ETA, y ayer con la declaración de Zapatero. Sería desde luego deseable que también el Estado francés, que recientemente hizo público su apoyo a las vías que adopte Madrid para solucionar el conflicto político, expresara otro tanto.ETA, tanto en su declaración del 22 de marzo como en la entrevista concedida a GARA y en su último comunicado, emplazó a ambos estados a que mostraran su compromiso con el proceso y su respeto a la palabra y la decisión de los vascos.
La declaración del presidente del Ejecutivo español sitúa definitivamente el centro de gravedad del proceso político en Euskal Herria, y es ahí donde debe quedar. Pero eso exige responsabilidad. No hay nada hecho todavía. Los pasos dados hasta este momento no servirán de nada si todos los agentes del conjunto de Euskal Herria no abren un verdadero proceso democrático. La solución está en Euskal Herria, y es aquí donde deben buscarse los acuerdos y las garantías. De hecho, un acuerdo entre las fuerzas vascas que articule el derecho a decidir de todos sus ciudadanos sería sin duda la mejor garantía para que el proceso entrase en una fase resolutiva, sería la mejor garantía para que los estados español y francés aceptasen sin limitaciones ni injerencias lo negociado y acordado, y en último término lo decidido por los ciudadanos vascos.
José Luis Rodríguez Zapatero, aunque expresó al final su compromiso absoluto con la Constitución de 1978, no la mencionó ni esgrimió en las partes realmente sustanciosas y centrales de su declaración; sí apeló, en cambio, al respeto a las normas y procedimientos legales, e incluso hizo mención expresa al mantenimiento de la vigencia de la Ley de Partidos. Pero las cuestiones de leyes y marcos, ya se sabe, tienen su base en los acuerdos políticos, y es obvio que esas normas, la legalidad vigente, están ahí para ser cambiadas, en su caso, de acuerdo a la voluntad libre y democráticamente expresada de los ciudadanos vascos.
Ayer, el Gobierno español admitió expresamente la existencia de un conflicto político. La tarea histórica de desatascar las cuestiones que están en su origen y constituir la mesa de diálogo democrático corresponde al conjunto de formaciones políticas y agentes vascos y, en último término, a la sociedad, a quien ayer se dirigió expresamente Zapatero.
Pero los estados español y francés tienen aún deberes por hacer. GARA publicaba este pasado lunes un grave balance represivo de los tres meses transcurridos del alto el fuego permanente de ETA. Cuando Zapatero subraya que «en ausencia de todo tipo de violencia y coacción», debería fijar la vista en sus servicios policiales y judiciales. A los compromisos deben seguir, en buena lógica, decisiones que propicien las condiciones mínimas que permitan un debate democrático. Deben acabar las injerencias y los obstáculos que se están colocando en el camino, deben acabar los ataques al proceso de resolución. Y, sobre todo, debe echar a andar el diálogo democrático en Euskal Herria. -
